Presentamos 137 enmiendas a la Ley Integral Anticorrupción

La corrupción se ha convertido en un problema estructural de la política española y no valen buenas intenciones, parches o medidas superficiales para hacerle frente. Necesitamos una ley que ataje el problema de raíz, que garantice y facilite la denuncia y la investigación. Es por eso que ayer presenté, junto a Juan Pedro Yllanes, 137 enmiendas a la Ley Integral Anticorrupción en la Comisión Constitucional del Congreso. Estas son nuestras demandas principales:

-  Ampliar la protección de los denunciantes por corrupción para equipararla con el resto de países europeos. Es decir, que los ciudadanos y ciudadanas que denuncien, en ocasiones jugándose el puesto de trabajo, cuenten con derecho a asistencia jurídica, técnica, letrada y psicológica.

-  Evitar las ‘puertas giratorias’ entre la política y entidades privadas aumentando a 10 años la incompatibilidad de los altos cargos a la hora de prestar servicios a entidades privadas que hayan sido objeto de sus decisiones durante el ejercicio de su cargo.

-  Una ampliación de las exigencias de transparencia para la Casa Real, equiparándola con el resto de instituciones del Estado.

-  Reformar y endurecer la legislación sobre ‘lobbies’ para igualarla a los países europeos más avanzados en esta  materia.

-  Crear una nueva autoridad independiente anticorrupción, obligada a rendir cuentas periódicamente, como la creada en la Comunitat Valenciana.